El Ministerio de Gobierno ha implementado desde julio de 2014 una política de transparencia y cero tolerancia a la corrupción, en atención al mandato del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez y bajo el liderazgo del Ministro de Gobierno, Milton Henríquez.
Dentro de esta línea de acción, la Dirección General del Sistema Penitenciario, a través del Departamento de Inspectoría General, inició desde el año 2015 una investigación interna que permitió detectar una supuesta red que operaba desde hace años en el Sistema Penitenciario y que podría involucrar a funcionarios, ex-funcionarios, privados de libertad y particulares que, concertadas, entre otras cosas, habrían alterado sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, falsificado mandamientos y boletas de libertad, modificado listas de conmutación de penas y manipulado traslados de privados de libertad.
El Ministerio de Gobierno informa que, producto de las investigaciones internas en el Sistema Penitenciario y posteriores denuncias ante el Ministerio Público, este miércoles 10 de agosto fue realizada la “Operación Reclusión” a cargo de la Fiscalía Auxiliar de la República, que dio con la aprehensión de 13 personas entre los que se encuentran: 4 funcionarios del Sistema Penitenciario; 3 ex funcionarios; 2 privadas de libertad y 4 particulares. Las aprensiones se dieron en los centros penitenciarios La Joya, el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, la Cárcel Nueva Esperanza en la provincia de Colón, así como algunas residencias y oficinas donde laboraban las personas supuestamente implicadas.
Este operativo ha sido realizado de manera conjunta entre el Ministerio Público, el Departamento de Inspectoría General del Sistema Penitenciario, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.
En la actualidad el Ministerio de Gobierno realiza una exhaustiva evaluación de todos los procedimientos y protocolos internos con la intención de identificar y corregir cualquier debilidad en los procesos que pueda comprometer la gestión del Sistema Penitenciario y altere los objetivos del servicio público encomendado. Asimismo, la Dirección General del Sistema Penitenciario ha fortalecido su departamento de Inspectoría General que tiene bajo su responsabilidad todas las investigaciones de posibles irregularidades y además capacita constantemente al personal penitenciario en legislación penitenciaria, instrumentos nacionales e internacionales, entre otros temas como ética y corrupción, con el apoyo de la Academia de Formación Penitenciaria (AFP). Con este tipo de acciones el Gobierno de la República de Panamá continúa trabajando sobre la política de transparencia y cero tolerancias a la corrupción.
Igualmente el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario reiteran a la ciudadanía que seguirán trabajando en su lucha permanente contra actos de corrupción para gestionar un servicio público penitenciario probo, honesto y transparente que redunde en beneficios para la sociedad con un trabajo basado en el respeto a los derechos humanos que refuerce la seguridad y certeza a la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su posterior reinserción social, contribuyendo de esta forma a mejorar la convivencia en el país.
