Panamá, 6 de marzo de 2018. – En el Centro Penitenciario La Nueva Joya, inició este martes la Segunda Fase del Primer Censo Penitenciario en Panamá, que abarca en esta etapa a la población adulta privada de libertad, cuyos resultados permitirán conocer la situación de los internos de todo el país, para el seguimiento de las políticas públicas en materia de prevención, seguridad y resocialización.
Este proyecto es el resultado de una donación no reembolsable (no endeuda a Panamá), de 28 millones de euros (aproximadamente 34 millones de balboas), financiados por la Unión Europea.
Este Primer Censo Penitenciario se da gracias a una alianza interinstitucional, entre el Ministerio de Gobierno (MinGob), el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República (INEC), como parte del Proyecto de “Cooperación en Seguridad con Panamá” (Secopa), financiado por la Unión Europea (UE) y administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta segunda fase del Primer Censo Penitenciario tiene como objetivo, obtener información estadística que permita al Sistema Penitenciario, identificar las principales características sociodemográficas de la población adulta bajo medidas privativas de libertad y los aspectos relacionados con su vida en reclusión.
Para la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, este censo es otro de los hitos del proceso de Reforma Penitenciaria y constituye la investigación estadística más relevante. “Solo con información confiable y útil podemos diseñar las políticas públicas a largo plazo”, enfatizó Romero.
La Titular de Gobierno resaltó que bajo esta administración se continuará impulsando las iniciativas previstas, sin embargo, el éxito de las mismas depende directamente de que las próximas administraciones prioricen la necesidad de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Alexis Bethancourt Yau, ministro de Seguridad, afirmó que siempre ha sido el interés del Gobierno del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, “coordinar de forma innovadora las mejores herramientas que existan para el combate a la delincuencia de forma firme y eficaz”.
Resaltó que este gran trabajo, tiene como propósito que se logre generar una nueva y más útil información a nivel nacional, sobre la población privada de libertad adulta y adolescente.
La representante del BID, Dana King, destacó que este censo es el resultado de un trabajo coordinado por varios actores, “se espera que el presente esfuerzo sea de utilidad para un mejor diseño de políticas públicas”.
El director del Sistema Penitenciario, Armando Medina, dijo que la idea es proponer iniciativas y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones y las administraciones de los centros penales en aras de normalizar el debido cumplimiento y respeto de los derechos humanos de las personas en condición de privación de libertad.
Con este censo se levantará una base de datos de las personas adultas y menores de edad privadas de libertad a nivel nacional, para obtener información que logre impactar el proceso de prevención, rehabilitación y reinserción mediante políticas de Estado.
Además de generar información acerca de la situación de los derechos humanos en los centros penales a nivel nacional, así como actualizar los registros dactiloscópicos contenidos en las bases de datos de los principales estamentos de seguridad, con el objetivo de tener identificada la población penitenciaria.
El Programa “Cooperación en Temas de Seguridad con Panamá”, tiene como objetivo apoyar la mejora del marco institucional panameño, responsable de la seguridad (prevención, control, sanción, rehabilitación/reinserción y seguimiento cualitativo), así como la realización de actividades específicas de prevención como parte de la Estrategia País de Seguridad Nacional.
Este Programa es administrado por la Oficina de Seguridad Integral (OSEGUI), adscrito al MINSEG y contempla el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, siendo uno de los productos previstos: contar con los indicadores e información que suministra un censo de población penitenciaria, tanto de adolescentes como de adultos que han cometido delitos.
De octubre a diciembre de 2017 se realizó la Primera Fase del Censo Penitenciario, dirigido a la población adolescente en conflicto con la Ley penal en los centros de custodia y cumplimiento a nivel nacional. En este censo se logró entrevistar al 100% de los adolescentes privados de libertad y al 80% por ciento de los adolescentes bajo medidas no privativas de libertad.
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