Hoy entra en vigencia la Ley 42 de 2016 que desarrolla la Carrera Penitenciaria. Esta ley, producto de un proceso participativo que consideró las mejores experiencias de la región, fue sancionada por el Presidente Juan Carlos Varela hace un año, luego de 12 años de haber sido requerida por nuestra legislación penitenciaria de 2003.
Alcanzamos un hito para el sistema penitenciario panameño. Se concretiza la oportunidad de renovar un sistema en crisis que se ha caracterizado de manera crónica por hacinamiento, falta de personal, infraestructura colapsada, corrupción y falta de oportunidades para las personas privadas de libertad. En Panamá la tasa de personas privadas de libertad (395 por cada 100,000 habitantes) está muy por encima del promedio de Latinoamérica (238 por cada 100,000 habitantes). Además, del total de la población penitenciaria, 54% (8,754 personas) está en proceso sin que se haya definido su situación jurídica.
Ante esta problemática, podemos construir nuevos centros, arreglar los actuales, invertir en mantenimiento estructural, comprar medicamentos y equipo, modernizarnos, fortalecer programas de resocialización, investigar y denunciar la corrupción, iniciativas impulsadas por esta administración, pero ninguno de estos avances será sostenible en el tiempo, ni transformará nuestra realidad penitenciaria, si no le apostamos a lo más esencial de toda institución: el capital humano. Cualquier medida de mejoramiento que no se enfoque en este elemento conllevaría replicar las mismas debilidades e ineficiencias históricas.
La Carrera Penitenciaria, cuyos principales componentes son la capacitación, la estabilidad laboral, el establecimiento de un sistema jerarquizado basado en méritos y un estricto régimen disciplinario, constituye un frente importante contra la corrupción. Además, busca asegurar la permanencia de los funcionarios más capaces, lo cual contribuye a garantizar la continuidad de las políticas públicas. En los últimos 15 años, los avances más importantes en materia penitenciaria han sido aquellos que no dan resultados inmediatos pero trascienden en el tiempo: la Ley 55 que reorganiza el sistema penitenciario (2003), su reglamentación (2005) y el inicio de un proceso de reforma con apoyo de las Naciones Unidas que llevó a la reapertura de la Academia de Formación Penitenciaria (2011). Nuestra administración ha continuado este proceso de reforma de manera integral tomando como pilares transversales la Carrera Penitenciaria y la formación académica. Si el sistema penitenciario cuenta con personal técnico idóneo será más fácil continuar nuestros esfuerzos por: fortalecer la institucionalidad que incluye el combate frontal a la corrupción, el primer Censo Penitenciario y la elaboración de protocolos de procedimientos; reducir el hacinamiento y mejorar la infraestructura; y afianzar los programas de resocialización como IntegrArte, Ecosólido, Sembrando Paz, Detrás del Muro, Mi Voz Para tus Ojos, Mi Silla Primero y la educación universitaria, los cuales considero rayos de luz que nos demuestran que sí se pueden transformar vidas a través de la rehabilitación.
La efectividad del sistema penitenciario depende de la formación, vocación y compromiso de aquellos que están día a día en los centros y en contacto con los privados de libertad, quienes tienen la responsabilidad, no sólo de tratar a los reclusos de manera más humana, de garantizar su seguridad y evitar fugas, sino de fomentar en ellos el aprovechamiento positivo de sus condenas para que cuando sean libres puedan integrarse a la sociedad. Una gestión penitenciaria eficiente impacta directamente en la reducción de la delincuencia. Si durante el cumplimiento de la sanción se resocializa a los privados de libertad, al salir libre, la libertad se convierte en una verdadera segunda oportunidad.
Es por esto que el futuro del sistema penitenciario debe ser un asunto de Estado. No es sólo un tema de derechos humanos y de justicia, sino que incide directamente en la paz social. La carrera penitenciaria no solucionará una crisis histórica en 2 o 5 años. Falta mucho por hacer y las transformaciones profundas se dan de manera progresiva pero estamos encaminados. Es fundamental que próximas administraciones den continuidad al fortalecimiento de la institucionalidad y la profesionalización del personal. Sólo así nuestros centros penitenciarios cumplirán su función de garantizar los derechos humanos, salvaguardar la integridad de las personas privadas de libertad y rehabilitar efectivamente. Con un compromiso de Estado real podremos obtener un sistema penitenciario que resocialice y contribuya a la seguridad, justicia y paz social de nuestro Panamá.
Publicado por: Ministra de Gobierno María Luisa Romero
