La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 386, que crea el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros actos crueles en los centros penitenciarios, albergues de ancianos y hospitales psiquiátricos.
La iniciativa, presentada por el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, crea el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que estará adscrito a la Defensoría del Pueblo, y tendrá entre sus funciones la facultad de inspeccionar, además de las cárceles panameñas, los centros de detención de jóvenes en conflicto para verificar las condiciones en que se encuentran.
En la discusión del proyecto de Ley estuvo presente la ministra de Gobierno encargada, María Luisa Romero, quien resaltó la importancia del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en relación a la prevención de tratos crueles.
Durante su exposición ante esta instancia legislativa, el ministro explicó que Panamá se encuentra en mora con la aprobación de este protocolo, el cual debió ser ratificado a más tardar el 30 de marzo de 2011.
Informó que una vez el Mecanismo Nacional para la Prevención de Tortura realice las visitas a estos lugares, deberá emitir sus recomendaciones a las autoridades competentes para que se mejoren el trato y las condiciones de las personas que allí se encuentran (centros penitenciarios, albergues de ancianos y hospitales psiquiátricos), ya sean privados de libertad o ancianos en los albergues tomando en cuenta los estándares internacionales.
En ese sentido, María Luisa Romero, ministra encargada de Gobierno, dijo que se busca implementar un mecanismo independiente que pueda entrar a todos los centros penitenciarios que se encuentran en el país, y que puedan dar las recomendaciones para prevenir cualquier tipo de tortura o de tratos crueles a estas personas.
“Como Estado, tenemos la responsabilidad de prevenir que ocurran estos actos inhumanos. Por tal razón, se está aprobando este mecanismo que permitirá entrar a los centros penitenciarios”.
Para el presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Quibian Panay, se trata de saldar una deuda que Panamá mantiene con organismos internacionales relacionados con la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Expresó que por tratarse de un convenio internacional, este documento podría ser aprobado por el pleno legislativo antes de finalizar el presente periodo de sesiones ordinarias.
