Panamá 22 de junio de 2017.- La Ministra de Gobierno María Luisa Romero junto al Encargado de Negocios de la Delegación de la Unión Europea Giovanni Di Girolamo y el Representante Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Oliver Inizan, participó este jueves de la presentación del informe sobre “Caracterización de las Personas Privadas de Libertad por Delitos de Drogas, con Enfoque Socio-Jurídico del Diferencial por Género en la Aplicación de Justicia Penal”, realizado por las investigadoras Nelly Cumbrera y Eugenia Rodríguez.
Este estudio contó con el financiamiento de UNODC y se realizó a solicitud del MinGob, con el fin de obtener información veraz y relevante para tomar acciones sobre políticas públicas.
En su intervención la Ministra Romero, quien estuvo acompañada por el Director del Sistema Penitenciario, Armando Medina, habló sobre la mujer privada de libertad y sus necesidades diferenciadas, la madre privada de libertad en Panamá y la necesidad de políticas públicas así como del proceso de transformación del Sistema Penitenciario y los avances desde la perspectiva de género.
En cuanto al mismo estudio presentado al MinGob, por la UNODC, la Titular de Gobierno, señaló que constituye una aproximación directa y científica a las circunstancias que se vinculan a la comisión de delitos con alta incidencia en nuestra población, los relacionados con droga.
Dijo que es importante acotar que el flagelo de las drogas impacta de manera directa en la sociedad, tanto en la salud pública, como en la seguridad ciudadana.
Romero agregó que la política del Estado panameño enfrenta grandes retos en torno al abordaje de la delincuencia organizada, el micro tráfico y el consumo de sustancias adictivas.
La Ministra señaló que del estudio llama la atención el dato que los delitos son cometidos mayoritariamente por hombres, sin embargo si se toma como referencia únicamente a la población privada de libertad femenina, un 70% de ellas se encuentra detenida por este delito.
Finalmente Romero concluyó que sólo con un trabajo en conjunto, que involucre a todos los sectores institucionales y sociales y una mirada desde una perspectiva más humana del delito, llegaremos a soluciones más efectivas y sostenidas.
Para las dos expertas, Nelly Cumbrera y Eugenia Rodríguez, el documento resume los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de un estudio realizado en Panamá sobre el contexto del delito, la administración de justicia y el impacto del encierro en las personas infractoras de delitos relacionados con droga, desde un enfoque de género.
Este estudio consideró cuatro escenarios del delito de drogas: la legislación penal sobre drogas en el país (Ley); el contexto del delito (casa); la administración de justicia a la persona que incurre en el delito de drogas (justicia) y finalmente el encierro (cárcel); y dentro de los escenarios se encuentran las personas (infractoras, imputadas y privadas de libertad) situadas en el centro de esta secuencia.
Para ello, se desarrolló una investigación documental y de campo que abarcó cuatro centros penitenciarios: Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE), La Joya, Llano Marín (Femenino) y la Cárcel Pública de Santiago.
El informe refleja la realidad que viven personas privadas de libertad destacando que el delito que mayormente marca es el de posesión agravada de droga, un delito altamente penalizado en Panamá; además evidencia este estudio la des-proporcionalidad en cuanto a las penas y la falta de enfoque de género dentro de la administración de justicia.
Los delitos contra la seguridad colectiva constituyen el cuarto (4°) delito en incidencia dentro del conjunto de detenciones del país, tras los delitos contra el orden jurídico, contra la vida y la integridad personal y contra el patrimonio.
Para el año 2015, los detenidos por delitos o faltas contra la seguridad colectiva representaban un 3,5%: entre ellos, un 75% por delitos relacionados con drogas y un 66% por el delito específico posesión de drogas. Del total de mujeres detenidas, el 78% es por delitos o faltas relacionadas con drogas, mientras que en los hombres, es del 73%. Igualmente se observan diferencias por sexo en las sanciones; el 77% de las mujeres detenidas por delitos contra la seguridad colectiva recibe pena de prisión, frente al 66% de los hombres.
El 17% de los casos por delitos contra la seguridad colectiva relacionados con drogas recibe un fallo definitivo después de tres años.
El 92% de las personas detenidas por delitos de droga, recibe una sanción de entre 2 y 11 años de prisión; porcentaje mayor que para otros delitos.
Otro dato que señala el informe es que las sanciones por el delito “compra-venta de drogas”, se sanciona en el 100% de los casos con pena de prisión; tráfico un 95% y posesión un 62%.
Una de las conclusiones del estudio es que se hace necesario realizar una revisión de la actual política de drogas y legislación penal que permita dimensionar la protección al bien jurídico tutelado, la salud y la seguridad pública.
Publicado pro Mirla Martínez/Fotos Israel Vásquez
