El Gobierno Nacional de forma transparente, informa a la ciudadanía que desde el 10 de marzo del presente año, el Ministerio de Gobierno (Mingob), a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGPS), sigue implementando medidas de restricciones progresivas en los centros penitenciarios, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de la población privada de libertad ante la amenaza del COVID-19.
Estas medidas van desde restricciones de visitas, control de ingreso con toma de temperatura e impedir a funcionarios, policías y custodios el acceso con síntomas de resfriado, la adecuación de zonas de aislamiento para casos sospechosos o positivos, la separación por 15 días a los nuevos ingresos para evitar que se mezclen con el resto de reclusos, publicación de listados para rebajas de pena, distribución de insumos para el personal y privados de libertad, entre otras disposiciones, que se aplican de forma estricta en todos los penales del país.
Es preciso señalar, que mediante el comunicado de prensa N° 41 del Minsa, se informó a la ciudadanía de los dos casos positivos en el Complejo Penitenciario Nueva Esperanza de Colón, y las acciones intersectoriales necesarias como el aislamiento de ambos privados de libertad, seguimiento que darán las autoridades de salud al resto de la población que convivían con ellos, la distribución de 2 mil mascarillas y reforzar los protocolos establecidos para este tipo de casos.
El Sistema Penitenciario detalla, que la Policía Nacional controló una situación de alteración del orden que se dio esta mañana en el centro Nueva Esperanza, que inició con una huelga de hambre, por parte de un grupo de privados de libertad.
Recalcamos a los privados de libertad, sus familiares, así como a la ciudadanía en general, que el Sistema Penitenciario seguirá impulsando acciones que redunden en proteger la salud y la vida de las personas en privación de libertad. Todas esas medidas están encaminadas a ese objetivo, de acuerdo al respeto a los derechos humanos, y promulgando la sana convivencia en los centros penitenciarios, para incentivar la resocialización y la reinserción socio-laboral, una vez estas personas, cumplan sus condenas.
