La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, acompañada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado; por el magistrado del Segundo Tribunal, Secundino Mendieta así como jueces y el director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, realizaron un recorrido por el Centro Femenino de Rehabilitación, como parte de los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Penitenciaria.
La viceministra Romero, destacó que el objetivo de la visita a este Centro era sensibilizar a los jueces sobre lo que es el Centro Femenino y las condiciones en viven las privadas de libertad.
A pesar de las condiciones, la principal queja es la demora de sus procesos, manifestó Romero, “sabemos que eso no es únicamente responsabilidad del Órgano Judicial”.
Destacó que lo más importante es poder trabajar y que esta visita sea un punto de partida para una mejor coordinación y juntos encontrar soluciones a lo que sin duda, es un problema que tenemos como Estado.
La viceministra María Luisa Romero, reiteró respetando totalmente la separación de poderes, el llamado a los jueces y fiscales a sentarse juntos en una mesa a entender que es un problema de Estado y que por lo tanto, los diferentes Órganos tienen que coordinar y trabajar en conjunto para abordar esta situación con soluciones.
Panamá tiene uno de los índices de encarcelamiento más alto de la región, solo estamos después de Cuba y El Salvador en Latinoamérica y más del 50% de los países del resto del mundo, tienen entre 100 a 150 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes.
Además que más del 60% de las personas privadas de libertad están en detención preventiva (no tiene una condena) en este aspecto tenemos las estadísticas más altas del mundo, aseveró la viceministra Romero.
Por su parte, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en su intervención destacó que esta iniciativa es el primer paso hacia un mejor futuro y que comencemos a sensibilizar mucho más.
Ayú Prado, explicó cómo funciona el Sistema Judicial y recomendó establecer un programa para los centros. Dijo: “vamos hablar de solución”.
En tanto los jueces y juezas expusieron sobre sus experiencias laborales y recomendaron, entre otras alternativas: realizar visitas a los centros penitenciarios y conocer de primera mano los casos de las personas privadas de libertad para lograr avances y soluciones concretas.
Mientras que el director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, destacó que se están dando los pasos correctos y que se ha ratificado el compromiso de transformación del Sistema Penitenciario a través de una reforma estructural, que debe llevarnos a optimizar nuestra labor y poder cumplir con la misión de resocializar a las personas.
Le correspondió a la directora del CEFERE, Lizeth Berrocal, presentar la realidad estructural y la situación en la que se encuentran las mujeres privadas de libertad en el centro, además de presentar las principales recomendaciones recogidas en el Diagnóstico sobre la situación de las mujeres privadas de libertad con enfoque de género y de Derechos.
Este centro fue fundado el 23 de julio de 1964, con una población para ese entonces de 433, teniendo actualmente 917 personas privadas y consta de 11 hogares.
