El Sistema Penitenciario ha implementado una serie de programas y proyectos para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, indicó la Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, durante la presentación del Segundo Ciclo de revisión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, Suiza.
En la presentación del informe de Panamá, el Jefe de la delegación oficial, Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, reconoció que continúa la crisis del sistema penitenciario panameño, producto de la falta de implementación de la legislación vigente en la materia, los altos niveles de encarcelamiento y hacinamiento, infraestructura inadecuada y la escasez de personal penitenciario, entre otros factores. En atención a ello, señaló que Panamá está ejecutando una reforma penitenciaria basada en derechos humanos, resocialización y seguridad.
La Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, indicó que desde el año 2010 el Estado implementa, con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), una reforma penitenciaria integral enfocada en la reducción del hacinamiento, la capacitación del personal y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Romero se refirió a algunos logros alcanzados en materia penitenciaria y respeto a los derechos humanos como, la reapertura de la Academia de Formación Penitenciaria en el 2011, quien ha formado a unos 800 nuevos agentes penitenciarios y ha dictado cursos básicos al 80% del personal penitenciario.
De igual forma se le ha hecho un ajuste salarial a más del 50% de los custodios penitenciarios y se prepara un proyecto de ley de carrera penitenciaria que establecerá los requisitos para ingreso y un sistema de evaluación de desempeño y méritos con el fin de dotar al personal del Sistema Penitenciario de profesionalismo, incentivos y estabilidad laboral.
“Hemos logrado la clasificación del 45% de las personas privadas de libertad condenadas y estamos en el proceso de clasificar algunos centros penitenciarios para separar a las personas detenidas preventivamente de las condenadas”, agregó la viceministra Romero.
La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, añadió que se están haciendo las evaluaciones respectivas para iniciar la ocupación del centro penitenciario La Nueva Joya, con capacidad para más de 5 mil personas privadas de libertad y que su ocupación progresiva, se enfocará en detenidos clasificados y se aprovechará además, para trasladar de manera temporal a privados de libertad que se encuentran en centros cuya infraestructuras necesitan mejoras urgentes.
En cuanto a las mujeres privadas de libertad, se ha realizado un diagnóstico desde una perspectiva de género y derechos con el apoyo de la UNODC y la Unión Europea y se ha diseñado un programa especial de atención de mujeres en encierro.
Romero señaló que en base a estos insumos se adoptarán una serie de medidas, tales como: la emisión de un proyecto de libertades condicionales enfocado en mujeres, la priorización en las conmutaciones de pena, y el fortalecimiento de las juntas técnicas y del personal de seguridad en perspectiva de género, especialmente en las Reglas de Bangkok.
La Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, concluyó señalando que se ha hecho un diagnóstico de las estructuras de los centros penales de adultos y menores de edad y se elaboró un plan de mejoras que ya está en ejecución.
Además, señaló que se ha planificado la construcción de tres 3 nuevos centros penitenciarios para adultos: dos para reemplazar las estructuras actuales, incluyendo un centro para mujeres con una unidad maternal, y otro centro en una provincia que no cuenta con centro penitenciario en la actualidad, cumpliendo con los estándares internacionales como las Reglas de Bangkok, la Guía del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional y las Reglas de las Naciones Unidas.
Varios de los Estados que participaron en el examen periódico universal reconocieron los esfuerzos del Estado panameño por reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Asimismo, cinco de las 105 recomendaciones emitidas a Panamá se centraron en continuar mejorando las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad.
La presentación del informe está disponible en http://webtv.un.org/watch/panama-review-22nd-session-of-universal-periodic-review/4219640189001
